La justicia no ha podido ir más allá porque no existe ninguna figura delictiva en el Código Penal que condene tal conducta de los políticos
 
En el auto se da a entender que los candidatos (de CiU y PSC) tramitaron la llegada de nuevos vecinos para lograr votos para sus partidos

Divendres 14 de novembre de 2003, Rosa M. Bosch, La Vanguardia Tarragona.-  El juez ha tenido que archivar la causa abierta por el sospechoso aumento, antes de las pasadas elecciones municipales, de la población de La Figuera (Priorat) que en un mes vio cómo 110 personas se empadronaban en este pequeño municipio de poco más de 100 habitantes. La Junta Electoral Central alertó del caso y el juzgado de instrucción de Falset abrió una investigación imputando a cinco personas: la alcaldesa, Maria Carme Bartolomé (CiU), otro candidato convergente y tres del PSC.

El juez indica en el auto de sobreseimiento que “la mayoría de dichos empadronamientos se realizaron a través de los candidatos a las elecciones o a través de un concejal del Ayuntamiento” y que una vez pasadas las elecciones, y después de votar, los “nuevos vecinos” de La Figuera se empadronaron de nuevo en su localidad originaria. 

El juez reprueba en el auto la conducta de los candidatos (de CiU y del PSC) dando a entender que promovieron la llegada de nuevos vecinos con el objetivo de conseguir más votos para sus respectivos partidos. Pero no puede actuar contra ellos ya que en el Código Penal no hay ningún delito que se les pueda imputar por dicha conducta. 

El juez, que durante la investigación citó a declarar a 30 de los 110 nuevos vecinos, comprobó que éstos se empadronaron con la única intención de poder votar en La Figuera. 

El juez considera que todos estos indicios “deben llevar a la conclusión de que mediante dicho empadronamiento masivo se ha, cuando menos, distorsionado el valor de las elecciones municipales”. “Es indudable que con el voto de esas más de cien personas, es decir casi tantos o más que los que se encontraban empadronados con anterioridad, se desvirtúa el sentido de estas elecciones”, añade.

El juez no pone en duda “los beneficios económicos e institucionales que el aumento de población pueda suponer” para La Figuera, pero a su vez cuestiona “el momento en que se produjo, justo antes de las elecciones, y la forma, a través de los candidatos”. El auto judicial es rotundo en el sentido de que da por hecho que “estos empadronamientos se realizaron exclusivamente con el fin de que los empadronados votaran en las elecciones municipales”. 

Pero el juez no ha podido ir más allá, ya que no existe ninguna figura delictiva en el Código Penal que condene tal conducta. El juez argumenta que la legislación “prevé plena libertad de empadronamiento sin que el Ayuntamiento deba comprobar que materialmente el solicitante del empadronamiento reside en el pueblo” y que “no existen indicios de que se haya producido falsedad alguna, es más todos los testigos que declaran manifiestan que las solicitudes de empadronamiento las rellenaron ellos mismos”.

Asimismo, el juez relata en el auto de sobreseimiento “que no aparecen indicios de que el empadronamiento se hiciese por medio de amenazas o coacciones, ni tampoco que ninguno de los imputados hubiera ofrecido a ninguno de los empadronados dinero o cualquier otra clase de lucro por empadronarse y votar”. Por ello el juez de Falset, Francisco José Revuelta, opta por el sobreseimiento de las actuaciones al no poder acreditar la comisión de infracción penal constitutiva de delito. 

Este no es el único caso en que un municipio aumenta artificialmente su censo en época electoral, pero sí es el primero que llega al juzgado. Por eso, ante la dificultad manifiesta de actuar penalmente contra este tipo de actuaciones, fuentes judiciales apuntaron que temen que puedan repetirse.

En el caso de La Figuera, este incremento del censo no hizo que el resultado de las elecciones del pasado 25 de mayo variara respecto al de hace cuatro años. La convergente Maria Carme Bartolomé mantiene la alcaldía y su formación revalidó los cuatro concejales, mientras que el PSC se queda con el único que ya tenía en el anterior mandato.