Dimarts 19 de novembre de 2002, Yolanda Fernandez, Diari de Tarragona.- «A mi familia y a mí nos han tratado como perros» dice Antonio Sánchez, a quien el Ayuntamiento de Falset deberá readmitir como encargado del mantenimiento de la estación de Falset-Marçà o indemnizarlo con 2.165,58 euros por despido improcedente. Una sentencia obliga al consistorio a cotizarle las horas trabajadas los últimos seis años, aunque Sánchez se siente engañado y afirma que «no es justo».

Hace seis años, el 4 de julio de 1996, Antonio Sánchez de 50 años llegó a Falset tras serle expropiadas las tierras de las que vivía como agricultor por la construcción del polígono industrial la Bornal de El Vendrell, firmó un contrato con el Ayuntamiento de Falset que establecía que él se encargaría de la vigilancia, limpieza y mantenimiento de la estación de Falset-Marçà a cambio de una cesión para ocupar, junto con su mujer y sus dos hijos (entonces de 12 y 9 años), la primera planta del edificio de la estación como vivienda. El precio del alquiler se estima es de 240,40 euros mensuales. «El contrato firmado entre ambas partes hace constantes referencias a ‘cubrir un puesto de trabajo’ o ‘ocupar la plaza’, que no es lo mismo que dar un servicio. Además, había ‘un proceso selectivo’ y ‘varios aspirantes’ a este lugar de trabajo y lo normal es que te hagan un contrato laboral pero cotizando a la Seguridad Social, que no es el caso», aclara el abogado de Sánchez, Joan Escoda. 

El contrato tenía la vigencia de un año, prorrogable, y el Ayuntamiento de Falset lo aceptó hasta el pasado mes de mayo cuando «sin previo aviso, el consistorio informaba por carta a esta familia de la notificación de desalojo de vivienda, lo que en realidad es una carta de despido» dice Escoda. «De un día para otro nos echan a la calle como perros, sin que haya habido ninguna queja por mi trabajo y después de seis años de dedicación» dice Antonio, quien añade que «el Ayuntamiento nunca ha cumplido sus compromisos. Al firmar el contrato dijeron que pondrían servicio de megafonía, que podríamos abrir una tienda y que yo me encargaría de vender los billetes, así, aunque no tuviera una nómina, tendría el 10 por ciento de comisión por las ventas, como establece Renfe. Incluso el regidor Miquel Bové me dijo que como tenían muchos gastos, este 10% de ganancias se repartiría entre el Ayuntamiento y yo». 

Mal estado de la vivienda
Los dos primeros años «me lo hicieron pasar muy mal y como no cumplían sus promesas me puse a trabajar de transportista» explica Sánchez, preocupado porque «con 50 años, sin vivienda, con dos hijos y una mujer, si no me cotizan me quedará una pensión más baja». La vivienda tampoco reúne las condiciones mínimas para ser habitada por una familia y, según el abogado, no dispone de la célula de habitabilidad que establece la Ley. «Hay goteras y en todas las ventanas hay sábanas y toallas para que no entre el frío y el agua de la lluvia. En invierno nos acostamos con el chandal puesto porque hace mucho frío y la instalación eléctrica salta si conectamos más de dos estufas» explica la mujer de Antonio, Francisca Reina, quien añade que «cuando se va la luz tenemos que buscar al regidor porque tiene la llave de los contadores. El invierno pasado, cuando nevó, estuvimos toda la mañana sin luz porque no había forma de encontrar al regidor ni al alcalde».

Tras reclamar al Ayuntamiento y no recibir respuesta, Antonio Sánchez buscó un abogado y presentó una demanda al Juzgado de lo Social número 1 de Reus. La sentencia, que puede ser apelada por el consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia, declara el despido de Antonio Sánchez como «improcedente» y condena al Ayuntamiento a readmitirlo en su lugar de trabajo en las mismas condiciones que establecía el contrato o bien, que sea indemnizado con 2.165,58 euros. Igualmente indica que el Ayuntamiento ha de cotizarle las horas trabajadas. Y su abogado no descarta presentar una nueva demanda porque «podría haber un presunto delito penal, ya que el código Penal establece que si el empleador restringe los derechos del trabajador y no le cotizara se le puede sancionar con una pena de cuatro años de prisión». Ante la situación económica que sufre su familia, Antonio Sánchez pide poder continuar encargándose de la estación de Falset-Marçà hasta su jubilación. 

El Ayuntamiento le indemizará si se marcha
El alcalde de Falset, Jaume Domènech, manifestó ayer al Diari que la intención municipal es «indemnizar a este señor siempre y cuando abandone la vivienda que ahora ocupa, ya que entendemos que la sentencia supone la resolución del contrato».En caso contrario, no se descarta recorrer la sentencia ante el TSJC. Según Domènech, «el Ayuntamiento de Falset no quiere mantener ningún conflicto con nadie» y dice que en su día se ofreció –y de hecho, se convocó un concurso público– «un contrato administrativo, para que a cambio de vivienda abriera la estación. No entiendo que este contrato administrativo se haya convertido en un contrato laboral, porque nunca ha estado vinculado a tal relación». 
«El Ayuntamiento no estaba satisfecho con la tarea que este señor llevaba a cabo en la estación, pero hubiéramos podido llegar a un acuerdo antes que llegar a los tribunales» dice Domènech, quien añade que «ahora el consistorio se replanteará cómo ofrecer el servicio a los usuarios de la estación de Falset-Marçà».